Para muchos estadounidenses, es fundamental que el poder de dictar leyes recaiga exclusivamente en el Congreso y que el poder de interpretar la ley recaiga en última instancia en la Corte Suprema. El mensaje general más llamativo de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, emitidas el primer día de su segundo mandato, no se encuentra simplemente en el registro de políticas controvertidas sobre inmigración o medio ambiente. Es, más bien, una afirmación audaz de que el presidente puede enfrentarse cara a cara con los otros dos poderes del gobierno para elaborar e interpretar leyes. El lote de órdenes ejecutivas no se lee como fanfarronería ni gestos de mano; muestra un nivel de competencia, sofisticación y planificación que era mucho menos evidente en la primera administración de Trump.
El ejemplo más sorprendente tiene que ver con la Constitución y la ciudadanía por nacimiento. Una orden ejecutiva, titulada «Protección del significado y el valor de la ciudadanía estadounidense», declara que un bebé nacido en los Estados Unidos de una madre que se encuentra en el país ilegalmente (o legalmente pero temporalmente) no es ciudadano, a menos que el bebé… .