13 de diciembre de 2018

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A 9 años del asesinato del activista Mariano Abarca no hay justicia

WILLIAM CHACÓN

Organizaciones civiles y familiares del activista Mariano Abarca Roblero, denunciaron que su asesinato perpetrado el 27 de noviembre de 2009 continua impune. Todos los sospechosos que siguen libres y sin ser investigados son personas vinculadas a una empresa minera canadiense.

José Luis Abarca, hijo de Mariano Abarca, aseguró que no dejarán de exigir justicia por este acto cometido en Chicomuselo, donde representaba a la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Seguirán exigiendo a las autoridades de Chiapas y Canadá hasta llegar a los autores intelectuales.

Dio a conocer que presentaron un amparo a fin de obligar al Ministerio Público de la mesa 2 dependiente de la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Chiapas, a investigar exhaustivamente los hechos y determinen las responsabilidades penales que correspondan.

Por otro lado, el 12 de octubre de 2018 entregaron a la Corte Federal de Canadá un Informe donde exponen sus argumentos por los cuales le solicitan que exija al Comisionado para la Integridad de la Administración Pública de Canadá (CIAPC), realizar una adecuada investigación sobre las acciones y omisiones realizadas por el cuerpo diplomático canadiense en México, durante todo el proceso de hostigamiento y criminalización que sufrió Mariano Abarca.

Esto en el marco de un proceso que están llevando ante la Corte Federal de Canadá, a la cual acudieron el 16 de mayo para que revise la decisión del CIAPC de no realizar dicha investigación sobre el cuerpo diplomático canadiense en México.

Indicó que el CIAPC se negó a investigar, considerando que la estrategia canadiense en torno a sus industrias extractivas en el extranjero no representa "políticas oficiales”, y que por lo tanto sus funcionarios públicos no son obligados a respetarlas.

Manifiestan que el rechazo del CIAPC no es válido ya que este Comisionado no estudió todos los documentos, descartó evidencias y otras las tergiversó, y no realizó un análisis razonable en torno al peligro que generó para la vida de Mariano la incidencia a favor de la empresa minera por parte de la embajada.

Saben aseguró, que la misión diplomática estaba al tanto de la detención de Abarca, que la misma empresa había interpuesto acusaciones falsas en su contra, y había recibido su testimonio semanas antes sobre los trabajadores de la empresa minera canadiense que estuvieron armados, amenazando a Mariano y otras personas.

Pero en vez de actuar en correspondencia con la política del gobierno canadiense, reuniéndose con la familia del activista medioambiental y con la comunidad, y dando pasos para garantizar su seguridad, la Embajada de Canadá en México defendió activamente los intereses de la minera y, después del asesinato de Mariano, procuró públicamente minimizar la importancia del grado de conocimiento que tenía sobre el caso.

La conducta de los funcionarios de la embajada incrementó el peligro en que se encontraba Mariano Abarca, y reveló un patente menosprecio por los valores éticos en el servicio público.

José Luis Abarca, señaló que están a la espera de una fecha para el primer semestre de 2019, para participar en una audiencia oral frente la Corte Federal de Canadá junto con su representación legal canadiense.

En compañía de activistas, el hijo de Mariano Abarca, reiteró que no dejarán de exigir que se reconozca el papel de la Embajada de Canadá en México, en el asesinato de Mariano Abarca.

Mantienen la esperanza y lucha de que este reconocimiento constituya un precedente que permita a las demás víctimas, de los crímenes perpetrados por el extractivismo minero canadiense en México y América latina, buscar justicia.

Por su parte, Miguel Ángel de los Santos, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) y abogado de la familia, manifestó que seguirán buscando castigo para los autores materiales e intelectuales, para lo cual continuarán aportando las pruebas necesarias.

Mencionó que el crimen se perpetró durante el sexenio de Juan Sabines Guerrero. Un testimonio da cuenta que el subsecretario de gobierno, Nemesio Ponce Sánchez, expresó que podía hacer a un lado a Mariano Abarca si continuaba en contra de la empresa minera. Señalan también que el expresidente municipal de Chicomuselo, Juan Carlos Calderón, debe ser investigado.

Es preocupante que este crimen quede en la impunidad porque envía un mensaje muy grave a quienes defienden los derechos humanos y el medio ambiente, así como a las empresas mineras, de que pueden atacar a los activistas sin que la justicia las alcance. La impunidad es un mensaje negativo.

La activista Libertad Díaz, de la organización Otros Mundos Chiapas, indicó que resulta preocupante también que dentro de los puntos de desarrollo de Andrés Manuel López Obrador, se encuentre la minería, que en la entidad se desarrolla en la Costa y Sierra, con la explotación de titanio y barita.

Se están impulsando más megaproyectos y proyectos de extractivismo sin que se hayan resuelto otros casos. Mientras el caso de Mariano Abarca sigue abierto los gobiernos continúan impulsando los proyectos de extracción como plan de desarrollo.

 

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